Entienda el Procedimiento de Manifestación de Interés (PMI) de la Ley 14.133, cuándo usarlo, cómo estructurar la convocatoria, evaluar estudios y aprovechar los resultados en futuras licitaciones.
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El Procedimiento de Manifestación de Interés — PMI — previsto en el art. 81 de la Ley 14.133/2021 es un procedimiento auxiliar mediante el cual la Administración solicita a la iniciativa privada, a través de una convocatoria pública abierta, estudios, investigaciones, levantamientos y proyectos de soluciones innovadoras para cuestiones de relevancia pública. El PMI sirve para ampliar la base técnica de la planificación cuando la Administración todavía necesita estudiar alternativas, estructurar soluciones o comprender mejor un emprendimiento antes de decidir si realizará una licitación.
El PMI no es una modalidad de licitación, no contrata automáticamente a quien presentó los estudios y no concede derecho de preferencia en la futura disputa. Tampoco obliga al poder público a licitar. Si los estudios son aprovechados y existe una contratación posterior, el pliego deberá regular el resarcimiento de los gastos aceptados, que será asumido por el ganador de la futura licitación; la Ley prohíbe cobrar esos valores al poder público.
Para proyectos y obras públicas, el instrumento puede ser valioso cuando el problema exige comparar soluciones, modelaciones, tecnologías, alternativas de implantación o esquemas de inversión. Pero no debe utilizarse solamente para transferir al mercado, sin gobernanza, la responsabilidad de la Administración por definir su necesidad. El PMI debe comenzar con un problema público suficientemente delimitado y terminar con productos evaluados técnicamente, documentados y puestos a disposición de manera isonómica para los futuros licitantes.
Qué es el PMI de la Ley 14.133
El art. 81 establece un mecanismo formal de interacción entre la Administración y la iniciativa privada. La Administración publica un pliego de convocatoria y autoriza a interesados a desarrollar estudios que puedan contribuir a comprender y estructurar una necesidad pública.
El procedimiento integra el conjunto de instrumentos auxiliares del art. 78, junto con la acreditación, la precalificación, el sistema de registro de precios y el registro catastral.
Su función es anterior a la contratación. El resultado del PMI puede apoyar:
- Estudio Técnico Preliminar;
- estudios de viabilidad;
- definición de alternativas;
- anteproyectos o elementos de ingeniería, según el caso y la reglamentación;
- modelación económica;
- análisis de riesgos;
- estructuración de una futura licitación;
- especificación de requisitos y criterios de desempeño.
No existe obligación de solicitar todos estos productos. El alcance debe nacer de la duda que la Administración necesita resolver.
El PMI no es una licitación y no garantiza un contrato
Esta distinción evita uno de los principales equívocos del tema.
Quien participa en el PMI no está disputando el contrato de implantación. Está produciendo estudios que podrán o no ser aceptados por la Administración y podrán o no utilizarse en una futura contratación.
La Ley establece expresamente que la participación en el PMI:
- no atribuye derecho de preferencia en el futuro proceso licitatorio;
- no obliga al poder público a realizar una licitación;
- no genera, por sí sola, derecho al resarcimiento de los costos de elaboración;
- solo puede ser remunerada por el ganador de la futura licitación, nunca por el poder público.
Esto significa que el riesgo de desarrollo de los estudios no desaparece. Desde la convocatoria, el interesado necesita saber qué productos pueden ser aceptados, qué criterios serán utilizados, cómo se determinará un eventual valor de resarcimiento y bajo qué condiciones podrá producirse ese resarcimiento.
Cuándo tiene sentido el PMI en proyectos públicos
El PMI solo debe abrirse cuando existe una pregunta pública real que debe ser respondida. Antes de solicitar estudios al mercado, la Administración necesita estructurar la necesidad, los objetivos, las restricciones y los criterios de decisión.
El PMI tiende a generar más valor cuando la Administración conoce bien el problema, pero todavía no tiene seguridad sobre la mejor solución.
Algunos ejemplos posibles incluyen:
- recalificación de un gran complejo público;
- implantación de infraestructura urbana inteligente;
- concesiones y alianzas complejas;
- modernización tecnológica de gran porte;
- proyectos con diversas alternativas técnicas y financieras;
- infraestructura con fuerte interacción entre ingeniería, operación y modelo económico;
- soluciones innovadoras cuya madurez de mercado necesita ser comprendida.
En estos casos, el mercado puede presentar diferentes caminos. La Administración utiliza el PMI para ampliar su repertorio técnico antes de convertir una alternativa en requisito de contratación.
El Estudio Técnico Preliminar sigue siendo esencial. El PMI puede alimentarlo, pero no elimina la responsabilidad pública de justificar la necesidad, los requisitos, las alternativas y la decisión.
Cuándo el PMI tiende a ser inadecuado
El instrumento pierde sentido cuando la Administración ya conoce la solución, posee un Proyecto Básico suficiente y solo necesita contratar una ejecución estandarizada.
También es arriesgado utilizarlo para obtener gratuitamente documentos rutinarios que deberían contratarse como servicios de ingeniería.
Algunas señales de uso inadecuado son:
- problema mal definido y sin objetivo público claro;
- expectativa de que el mercado “haga todo el proyecto” sin criterios de evaluación;
- inexistencia de un equipo público capaz de analizar los estudios;
- alcance de convocatoria demasiado amplio;
- ausencia de método para comparar alternativas;
- expectativa de elegir directamente al autor del estudio;
- falta de regla de resarcimiento;
- utilización del PMI solo para reducir el costo presupuestario de elaboración de estudios.
El PMI es una herramienta de estructuración, no un atajo para evitar el procurement adecuado de Ingeniería Consultiva.
La convocatoria pública debe definir el problema antes de pedir soluciones
La convocatoria debe producir estudios comparables. Alcance, productos, premisas, formatos y criterios de evaluación deben estar definidos antes de que los interesados inviertan en la elaboración de sus propuestas.
Una buena estructuración comienza distinguiendo problema de solución.
La Administración debe describir:
- necesidad pública;
- objetivos;
- contexto existente;
- datos disponibles;
- restricciones;
- interfaces;
- cuestiones que deben resolverse;
- productos esperados;
- criterios de evaluación;
- reglas de propiedad, publicidad y uso de los estudios;
- límites y condiciones de resarcimiento.
Si la convocatoria es demasiado específica, puede limitarse a reproducir una solución ya elegida. Si es demasiado genérica, recibirá estudios incomparables.
Los Términos de Referencia para Obras y Servicios de Ingeniería y los documentos de planificación deben transformar la necesidad en preguntas técnicas suficientemente claras para el mercado.
Qué estudios pueden solicitarse
El art. 81 utiliza una formulación amplia: estudios, investigaciones, levantamientos y proyectos de soluciones innovadoras.
Dependiendo del emprendimiento y de la reglamentación aplicable, el PMI puede abarcar frentes como:
Ingeniería
- diagnóstico de condiciones existentes;
- alternativas de implantación;
- estudios de capacidad;
- anteproyectos;
- estudios de demanda técnica;
- estimaciones de CAPEX y OPEX;
- cronogramas de implantación;
- análisis de interfaces;
- matriz preliminar de riesgos.
Económico-financiera
- proyecciones de inversión;
- costos operativos;
- ingresos, cuando corresponda;
- escenarios;
- sensibilidad;
- estructura de financiamiento.
Jurídico-institucional
- alternativas de contratación;
- responsabilidades;
- matriz institucional;
- condicionantes regulatorios.
Ambiental y territorial
- restricciones;
- licenciamiento;
- impactos preliminares;
- condicionantes de implantación.
La combinación debe ser proporcional al problema. No es necesario pedir un paquete gigantesco si la duda pública está concentrada en una sola dimensión.
El PMI necesita una metodología de evaluación
Recibir estudios no es suficiente. El art. 81, §3º, impone a la Administración la elaboración de un dictamen fundamentado para aceptar los productos.
Este dictamen debe demostrar que el material entregado:
- es adecuado y suficiente para comprender el objeto;
- utiliza premisas compatibles con las necesidades reales del organismo;
- adopta una metodología que proporciona mayor economía y ventaja entre las alternativas posibles.
Esto exige una matriz de evaluación preparada antes de recibir los estudios.
| Eje | Pregunta de evaluación |
| adherencia | ¿responde a la necesidad pública? |
| premisas | ¿los datos y las hipótesis son defendibles? |
| ingeniería | ¿la solución es técnicamente viable? |
| riesgos | ¿se identificaron los principales riesgos? |
| implantación | ¿el cronograma y las interfaces son realistas? |
| economía | ¿CAPEX/OPEX son coherentes? |
| operación | ¿la solución es sostenible en su ciclo de vida? |
| comparabilidad | ¿permite comparar alternativas? |
| documentación | ¿existe trazabilidad suficiente? |
La Administración no debe simplemente elegir el estudio “más completo”. Debe demostrar por qué determinados productos, premisas o partes son técnicamente aprovechables.
Es posible aprovechar partes de estudios diferentes
El PMI no necesita resultar en la adopción integral de un único estudio.
Dependiendo de las reglas de la convocatoria y de la evaluación realizada, la Administración puede identificar elementos útiles en productos diferentes, siempre que mantenga trazabilidad sobre el origen, la propiedad, las condiciones de uso y un eventual resarcimiento.
Esta posibilidad es importante porque las soluciones complejas raramente tienen un único autor con todas las mejores respuestas.
Un estudio puede presentar mejor ingeniería, otro mejor modelación de operación y un tercero identificar riesgos relevantes ignorados por los demás.
La Administración debe preservar su capacidad de formar su propia solución final, en lugar de quedar dependiente de una única propuesta privada.
Cómo funciona el resarcimiento de los estudios
El régimen del art. 81 es particular.
Los estudios útiles para la futura licitación deben quedar disponibles para los interesados, y el ganador de la futura licitación deberá resarcir los gastos correspondientes según lo especificado en el pliego.
Al mismo tiempo, la Ley deja claro que la simple elaboración del estudio no genera automáticamente derecho a resarcimiento.
En la práctica, esto exige que la convocatoria y la futura licitación establezcan:
- qué productos son elegibles para resarcimiento;
- cómo se demostrarán los valores;
- límites de resarcimiento;
- criterios de aceptación;
- tratamiento de productos aprovechados parcialmente;
- obligación del futuro ganador;
- momento y forma de pago.
El poder público no puede convertirse en deudor de los costos del PMI. El modelo legal transfiere el resarcimiento al ganador de la futura contratación.
El autor del estudio puede participar en la futura licitación
Los estudios del PMI pueden influir fuertemente en la futura licitación. La revisión independiente debe garantizar que las soluciones privadas se conviertan en requisitos neutrales, trazables y accesibles a todos los competidores.
El PMI no concede preferencia al autor, pero, conforme a la orientación del TCU sobre el art. 81, no existe una prohibición legal específica que impida al autor del proyecto elegido en el PMI participar en la futura licitación.
Esta posibilidad exige una gobernanza rigurosa para preservar la igualdad.
Los estudios utilizados en la contratación deben ponerse a disposición de los interesados. Requisitos, premisas e información esencial no pueden permanecer solamente con el participante que ayudó a estructurarlos.
La ausencia de preferencia no elimina la asimetría natural de conocimiento. Por eso, transparencia documental, plazos adecuados y criterios objetivos son indispensables.
La Revisión Técnica del Pliego y Anexos debe verificar si el producto del PMI fue convertido en requisitos neutrales y si todos los futuros licitantes tienen acceso a la misma baseline informativa.
PMI vs. diálogo competitivo
Ambos instrumentos pueden implicar interacción con el mercado, pero cumplen funciones diferentes.
El PMI es un procedimiento auxiliar de planificación. La Administración recibe estudios y después decide si habrá contratación y cuál será su arquitectura.
El diálogo competitivo es una modalidad de licitación. La interacción con licitantes preseleccionados ocurre dentro del propio procedimiento competitivo para desarrollar alternativas capaces de atender la necesidad y, después, recibir propuestas finales.
| Aspecto | PMI | Diálogo competitivo |
| naturaleza | procedimiento auxiliar | modalidad de licitación |
| momento | antes de una eventual licitación | ya es la licitación |
| resultado | estudios y estructuración | selección de la propuesta ganadora |
| obligación de contratar | no | sigue el procedimiento licitatorio |
| preferencia al autor | no | los participantes siguen las reglas de la modalidad |
La elección depende del nivel de madurez. Si la Administración necesita estudiar el problema antes de definir su estrategia, el PMI puede ser útil. Si ya decidió licitar, pero no puede definir por sí sola los medios técnicos capaces de atender la necesidad en las hipótesis legales, el diálogo competitivo puede ser el instrumento adecuado.
PMI vs. consulta al mercado
Una consulta informal al mercado, RFI o market sounding puede ayudar a obtener información preliminar sobre tecnologías, proveedores, plazos y rangos de precio.
El PMI es mucho más estructurado. Implica una convocatoria formal y la producción de estudios con potencial de utilización en la modelación de una futura contratación.
No es eficiente transformar cualquier duda comercial en un PMI. Preguntar al mercado si determinado equipo existe es diferente de solicitar estudios completos para estructurar una solución pública compleja.
Ejemplo práctico: Smart City
Considere un municipio que desea modernizar movilidad, iluminación, seguridad, conectividad y gestión urbana, pero todavía no definió arquitectura tecnológica, prioridades, integración, modelo de implantación ni costos de ciclo de vida.
Un PMI puede solicitar estudios que comparen alternativas, identifiquen la infraestructura necesaria, propongan fases, evalúen la integración de plataformas y estimen inversiones.
Sin embargo, la Administración debe definir desde la convocatoria:
- qué problemas urbanos pretende resolver;
- qué áreas son prioritarias;
- datos existentes;
- restricciones legales y presupuestarias;
- horizonte de planificación;
- criterios de interoperabilidad;
- métricas de desempeño;
- formato de los productos.
Sin esto, recibirá propuestas comerciales disfrazadas de estudios públicos.
Ejemplo práctico: gran complejo de ingeniería
Imagine la recalificación de un centro administrativo con energía, data center, seguridad, automatización, climatización y sostenibilidad.
Si todavía existen dudas relevantes sobre alternativas de arquitectura, fases de implantación y estrategia de contratación, el PMI puede ampliar la visión de la Administración.
Los estudios podrían comparar, por ejemplo:
- centralización vs. distribución de infraestructura;
- retrofit vs. sustitución;
- implantación por fases;
- CAPEX y OPEX;
- impactos operativos;
- riesgos de continuidad;
- alternativas de contratación.
Después, la Administración consolida la solución que considera más ventajosa y produce su propia baseline para la eventual licitación.
Cómo evitar que el PMI se convierta en direccionamiento
El paso del PMI a la licitación exige igualación técnica de las premisas, consolidación de los estudios aceptados y trazabilidad de las decisiones. La Administración debe preservar la competencia incluso después de una intensa interacción con el mercado.
Definir requisitos funcionales antes que marcas
La convocatoria debe partir del desempeño, la necesidad y las restricciones, no de una solución propietaria previamente elegida.
Exigir declaración de premisas
Todo estudio debe dejar claro qué datos recibió, qué hipótesis adoptó y dónde existen incertidumbres.
Comparar alternativas
Una solución única presentada como inevitable reduce la capacidad crítica de la Administración.
Disponibilizar los estudios aceptados
La futura licitación debe eliminar cualquier ventaja informacional indebida.
Elaborar un dictamen técnico independiente
La aceptación no puede ser automática. La Administración necesita demostrar por qué determinado estudio o parte es suficiente y ventajoso.
Separar estudio de propaganda comercial
Los catálogos y las presentaciones de fabricantes pueden ser anexos, pero no sustituyen el análisis de ingeniería.
El Apoyo Técnico a la Licitación y Análisis de Propuestas puede ayudar a preservar la trazabilidad entre los estudios del PMI y los requisitos neutrales de la futura contratación.
Estructura recomendada de un pliego de convocatoria
Un pliego de PMI robusto debe establecer, conforme a la reglamentación aplicable:
- problema público y objetivos;
- alcance de los estudios;
- datos proporcionados;
- productos y formatos;
- cronograma;
- requisitos de los interesados;
- reglas de autorización;
- criterios de evaluación;
- criterios de aceptación parcial o total;
- reglas de propiedad y uso;
- publicidad de los estudios;
- método de cálculo de valores;
- límite de resarcimiento;
- ausencia de preferencia;
- ausencia de obligación de licitar;
- gobernanza de comunicaciones y aclaraciones.
La calidad de la convocatoria determina la comparabilidad del material recibido.
Checklist para decidir si un PMI es adecuado
Antes de abrirlo, la Administración debe responder:
- ¿existe un problema de relevancia pública suficientemente definido?
- ¿hay incertidumbre real sobre la mejor solución?
- ¿el mercado posee conocimiento que puede ampliar la decisión pública?
- ¿los estudios tendrán utilidad concreta para la planificación?
- ¿la Administración posee un equipo para evaluarlos?
- ¿habrá criterios objetivos de aceptación?
- ¿existen reglas claras de resarcimiento?
- ¿los productos podrán ponerse a disposición de los futuros licitantes?
- ¿el PMI es más adecuado que contratar directamente los estudios?
- ¿el diálogo competitivo sería más adecuado a la etapa de la contratación?
Si la respuesta a varias de estas preguntas es negativa, probablemente el PMI no sea el instrumento correcto.
El PMI no sustituye la planificación de la Administración
Uno de los mayores riesgos de interpretación del PMI es tratarlo como un mecanismo para transferir al mercado la responsabilidad de definir por sí solo el problema público. El art. 81 permite solicitar estudios, investigaciones, levantamientos y proyectos de soluciones innovadoras, pero la Administración continúa siendo responsable de decir qué cuestión pretende resolver, qué información será puesta a disposición y cómo se evaluarán los productos recibidos.
La convocatoria debe partir de una necesidad suficientemente caracterizada. Cuanto más genérica sea la pregunta planteada al mercado, mayor será la tendencia a recibir estudios incomparables, propuestas moldeadas según el portafolio de cada participante o soluciones que responden a problemas diferentes.
Esto no significa que la Administración deba llegar al PMI con la solución lista. Si ya existe una solución consolidada, alcance maduro, Proyecto Básico suficiente y mercado conocido, el procedimiento puede agregar poco valor. El papel del PMI es precisamente ampliar el conocimiento cuando todavía existen alternativas relevantes que explorar, pero dentro de un problema público previamente delimitado.
| La Administración debe definir antes | El mercado puede ayudar a desarrollar |
| problema público | alternativas de solución |
| objetivos y resultados esperados | arquitecturas y modelos posibles |
| restricciones institucionales | estrategias de implantación |
| datos disponibles | levantamientos complementarios |
| criterios de evaluación | estudios técnicos y económico-financieros |
| reglas de aprovechamiento y resarcimiento | estimaciones y análisis conforme a la convocatoria |
Esta división preserva la neutralidad. El mercado contribuye con conocimiento técnico y alternativas, pero quien decide qué es útil, suficiente y compatible con el interés público continúa siendo la Administración.
Cómo estructurar entregables comparables en la convocatoria pública
Para que el PMI produzca información utilizable, el pliego de convocatoria necesita definir una estructura mínima de entrega. No es necesario determinar una única solución, pero es esencial establecer qué dimensiones deben abordar todos los estudios. Sin ello, la comparación puede volverse imposible.
En un proyecto de infraestructura o transformación tecnológica, por ejemplo, puede ser adecuado exigir que cada estudio organice su propuesta en bloques equivalentes:
- diagnóstico del problema y premisas adoptadas;
- alternativas analizadas;
- solución recomendada y justificación;
- arquitectura o concepción técnica;
- estimación de inversión y costos del ciclo de vida;
- cronograma de implantación;
- riesgos y condicionantes;
- interfaces institucionales y regulatorias;
- modelo de operación y mantenimiento;
- indicadores de desempeño y criterios de éxito.
Esta estructura permite comparar razonamientos diferentes sin obligar a los participantes a llegar a la misma conclusión. El objetivo del PMI no es uniformar las soluciones, sino garantizar que las alternativas puedan evaluarse sobre una base común.
También es importante exigir la declaración explícita de las premisas. Dos estudios pueden llegar a valores radicalmente diferentes porque uno considera un crecimiento de demanda del 3% y otro del 12%, o porque utilizan horizontes de análisis distintos. Sin registrar estas premisas, la Administración puede interpretar como diferencia de eficiencia lo que en realidad es una diferencia de escenario.
| Dimensión | Evidencia esperada |
| Adherencia al problema | relación explícita entre necesidad y solución |
| Viabilidad técnica | premisas, interfaces y limitaciones identificadas |
| Viabilidad económica | estimaciones, hipótesis y costos del ciclo de vida |
| Implantación | etapas, dependencias y cronograma |
| Riesgos | eventos, impactos y medidas de tratamiento |
| Operación | modelo operativo, mantenimiento y desempeño |
Cómo construir una matriz de evaluación de los estudios
El §3º del art. 81 exige un dictamen fundamentado para la aceptación de los productos y servicios, demostrando adecuación y suficiencia para la comprensión del objeto, compatibilidad de las premisas con las necesidades reales y ventaja de la metodología propuesta frente a las alternativas. Para llegar a ese dictamen con consistencia, es recomendable definir criterios de evaluación antes de recibir los estudios.
La matriz siguiente es un ejemplo metodológico, no una ponderación impuesta por la Ley. Los pesos deben variar según la naturaleza del emprendimiento.
| Criterio | Ejemplo de peso | Pregunta de evaluación |
| Comprensión del problema | 15 | ¿el estudio responde a la necesidad pública real? |
| Consistencia técnica | 20 | ¿la solución es técnicamente coherente y verificable? |
| Premisas y datos | 15 | ¿las hipótesis son transparentes y compatibles? |
| Viabilidad económico-financiera | 15 | ¿costos y beneficios fueron estructurados de forma defendible? |
| Riesgos e implantación | 15 | ¿se trataron dependencias y riesgos? |
| Operación y ciclo de vida | 10 | ¿la solución considera mantenimiento y desempeño futuro? |
| Calidad documental | 10 | ¿el producto puede ser auditado y aprovechado? |
Más importante que el peso es definir qué constituye atención insuficiente, adecuada y superior en cada criterio. Sin rúbrica, la evaluación puede convertirse en una suma de impresiones. Con rúbrica, el equipo consigue registrar por qué un estudio fue aprovechado íntegramente, solo en parte o rechazado.
La evaluación tampoco necesita producir un único ganador intelectual. El PMI admite que la Administración aproveche contenidos de fuentes diferentes, siempre que realice la consolidación de manera fundamentada. Una solución final puede utilizar el diagnóstico de un estudio, premisas de otro y una alternativa tecnológica identificada por un tercero, siempre que el conjunto sea técnicamente compatibilizado.
Del PMI a la licitación: cómo neutralizar ventajas informacionales
El art. 81 deja claro que la realización de los estudios no confiere preferencia en la futura licitación. Para que esta regla funcione en la práctica, la Administración necesita transformar el conocimiento producido en el PMI en documentación accesible y neutral para el mercado.
Los estudios vinculados a la contratación y útiles para la licitación deben quedar a disposición de los interesados. Esto es esencial porque quien participó en el PMI naturalmente conoce mejor las premisas, levantamientos y decisiones discutidas durante el procedimiento. La publicidad de los productos aprovechados reduce esta asimetría informacional.
Antes del pliego de contratación, es recomendable realizar una etapa de consolidación técnica:
- identificar qué partes de cada estudio serán utilizadas;
- eliminar requisitos ligados exclusivamente a la solución comercial de un participante;
- revisar premisas y datos que hayan quedado desactualizados;
- compatibilizar documentos provenientes de autores diferentes;
- convertir conceptos de producto o marca en requisitos de desempeño cuando sea posible;
- registrar el dictamen de aceptación previsto en el art. 81;
- poner a disposición de los futuros licitantes los estudios y bases necesarios para formular las propuestas.
Este proceso es particularmente importante cuando el PMI implica tecnología. Un estudio puede utilizar como referencia un ecosistema específico de fabricante, integrador o plataforma. Si la Administración simplemente transporta esa arquitectura al pliego sin revisión, corre el riesgo de convertir una contribución del mercado en una especificación direccionada.
Resarcimiento: qué debe estar definido desde la convocatoria
La Ley adopta una lógica específica para los costos de los estudios. La participación en el PMI no genera, por sí sola, derecho a resarcimiento. Cuando los estudios estén vinculados a la contratación y sean útiles para la futura licitación, el ganador deberá resarcir los gastos correspondientes conforme a lo especificado en el pliego. La remuneración no se cobra al poder público.
Para evitar conflictos posteriores, la convocatoria debe establecer desde el inicio cómo se presentarán, analizarán y eventualmente reconocerán los valores. El simple hecho de que un participante declare haber gastado determinado importe no obliga a aceptarlo.
| Punto | Definición recomendada |
| Gastos elegibles | qué categorías pueden integrar el valor reconocido |
| Forma de comprobación | documentos y memoria de cálculo exigidos |
| Aprovechamiento parcial | cómo tratar un estudio utilizado solo en parte |
| Tope o referencia | límites cuando estén previstos en la convocatoria |
| Responsable del pago | ganador de la futura licitación, conforme a la Ley |
| Condición para el pago | vinculación al efectivo aprovechamiento y a la futura contratación |
La definición previa también mejora la calidad de los estudios. Los participantes conocen las condiciones económicas del procedimiento y pueden decidir racionalmente si desean asumir el riesgo de desarrollar un trabajo que puede no ser aprovechado o que puede no resultar en una licitación.
Ejemplo detallado: PMI para un programa de Smart City
Considere un municipio que pretende estructurar un programa integrado de iluminación inteligente, videovigilancia, conectividad urbana, sensores ambientales, plataforma de datos y centro de operaciones. La necesidad existe, pero todavía no está claro qué arquitectura produce la mejor relación entre inversión, desempeño y capacidad operativa.
Un PMI puede ser adecuado si la convocatoria evita simplemente pedir “un proyecto de Smart City”. En su lugar, puede exigir que los participantes respondan a una base común: áreas prioritarias, indicadores públicos, infraestructura existente, requisitos de interoperabilidad, seguridad de la información, horizonte de operación, restricciones presupuestarias y metas de disponibilidad.
Los estudios podrían comparar diferentes topologías de conectividad, modelos de almacenamiento y procesamiento, alternativas de integración, estrategias de implantación por fases y modelos de operación. Cada propuesta debería presentar costos de implantación y ciclo de vida, riesgos de lock-in, dependencias de fabricantes y requisitos de mantenimiento.
La Administración, entonces, no elegiría simplemente el estudio más sofisticado. Evaluaría qué premisas son realistas, qué componentes pueden combinarse y qué arquitectura atiende mejor los resultados públicos pretendidos. El producto del PMI sería una base de decisión y contratación, no una autorización automática para replicar la solución comercial de uno de los participantes.
Si se realiza la futura licitación, los documentos aprovechados deben ponerse a disposición de los interesados. El pliego deberá presentar requisitos suficientes para que empresas que no participaron en el PMI puedan competir en condiciones efectivas, preservando el principio de que el autor del estudio no recibe preferencia automática.
Consideraciones finales
El PMI es una herramienta poderosa para estructurar proyectos públicos complejos cuando la Administración necesita ampliar su comprensión de las soluciones disponibles antes de licitar. Su valor reside en incorporar conocimiento del mercado sin transferir al particular la decisión final sobre el interés público.
El procedimiento no crea preferencia, no garantiza contratación y no genera automáticamente resarcimiento. Los estudios aceptados deben ser evaluados mediante dictamen fundamentado, puestos a disposición de forma adecuada y convertidos en una baseline neutral para la futura competencia.
En ingeniería, un PMI bien conducido puede reducir incertidumbre y mejorar el Proyecto Básico, la matriz de riesgos y la estrategia de procurement. Un PMI mal definido, por otro lado, puede producir estudios incomparables, dependencia de una solución privada y asimetría de información. La diferencia está en la calidad del problema, de la convocatoria y de la evaluación técnica pública.
Referencias técnicas
[1] BRASIL. Ley nº 14.133, de 1 de abril de 2021 — Ley de Licitaciones y Contratos Administrativos. Disponible en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm.
[2] TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UNIÓN. Manual de Licitaciones y Contratos — 5.9.3 Procedimiento de Manifestación de Interés. Disponible en: https://licitacoesecontratos.tcu.gov.br/5-9-3-procedimento-de-manifestacao-de-interesse-2/.
[3] TRIBUNAL DE CUENTAS DEL ESTADO DE SÃO PAULO. Ley 14.133 comentada — Artículo 81. Disponible en: https://www.tce.sp.gov.br/legislacao-comentada/lei-14133-1o-abril-2021/81.
[4] BRASIL. Decreto nº 8.428, de 2 de abril de 2015 — Procedimiento de Manifestación de Interés en el ámbito de su campo de aplicación. Disponible en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8428.htm.
Preguntas frecuentes
Es el Procedimiento de Manifestación de Interés, un procedimiento auxiliar mediante el cual la Administración solicita a la iniciativa privada estudios, investigaciones, levantamientos y proyectos de soluciones innovadoras mediante convocatoria pública.
No. La Ley establece expresamente que la realización de los estudios no atribuye derecho de preferencia en la futura licitación.
No. El PMI no obliga al poder público a realizar la futura licitación.
La simple elaboración no genera derecho automático a resarcimiento. Cuando los estudios sean aceptados y utilizados en una futura licitación, el pliego debe regular el resarcimiento por el ganador de la licitación, estando prohibido cobrar esos valores al poder público.
El TCU registra que no existe una prohibición legal específica en el régimen del PMI que impida esa participación. Sin embargo, el autor no posee preferencia y la Administración debe asegurar igualdad, publicidad de los estudios utilizados y acceso equivalente a la información relevante.
El PMI es un procedimiento auxiliar anterior a una eventual licitación. El diálogo competitivo es una modalidad de licitación en la que la Administración dialoga con participantes preseleccionados para desarrollar soluciones y después recibe propuestas finales.
No. Tiende a ser más útil cuando existe incertidumbre real sobre la mejor solución y el mercado puede contribuir con estudios relevantes. Cuando la solución ya está madura, puede ser más eficiente contratar directamente los estudios o avanzar hacia la licitación adecuada.
Materiales técnicos complementarios
Contenidos principales sobre el tema
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