Comprenda cómo estructurar la fase preparatoria de la licitación de obras públicas conforme a la Ley 14.133 y AGU/MGI: DFD, ETP, riesgos, proyectos, Documento de Referencia, presupuesto, régimen, pliego, contrato y controles.
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La fase preparatoria de la licitación es el conjunto de actividades que transforma una necesidad administrativa en una contratación técnicamente definida, económicamente estimada, jurídicamente instruida y apta para competir. En obras y servicios de ingeniería, no se limita a elaborar un Documento de Referencia o un pliego: incluye formalizar la demanda, organizar el equipo, realizar estudios preliminares, gestionar riesgos, definir el objeto, desarrollar proyectos, preparar el presupuesto, documentar justificaciones técnicas, elegir el régimen de ejecución, elaborar borradores y realizar verificaciones que demuestren que la Administración sabe qué pretende contratar y bajo qué condiciones.
La Ley 14.133/2021 trata la planificación como un principio y dedica el art. 18 a la fase preparatoria. El Instrumento de Estandarización de los Procedimientos de Contratación de Obras y Servicios de Ingeniería, elaborado por la AGU y el MGI, organiza este trabajo en una secuencia didáctica de veinte capítulos, desde la planificación hasta el cierre de la instrucción. Estos capítulos no corresponden uno a uno a “veinte documentos”: algunos representan decisiones, verificaciones o etapas del proceso. La utilidad del instrumento está precisamente en mostrar que una contratación de ingeniería es una cadena de evidencias interdependientes.
El objetivo práctico de la fase preparatoria es reducir la incertidumbre antes de la competencia. Cuanto más tarde se descubre una incompatibilidad de alcance, proyecto, cantidades, presupuesto, responsabilidad o riesgo, mayor tiende a ser el costo de corregirla. Una instrucción técnicamente consistente permite que el pliego refleje la necesidad real, que los licitantes formulen propuestas comparables y que la fiscalización, medición, aceptación y eventuales modificaciones contractuales se evalúen contra una baseline conocida.
Por qué la fase preparatoria es crítica en obras y servicios de ingeniería
Las obras públicas son objetos altamente interdependientes. La elección de una solución afecta el proyecto; el proyecto afecta las cantidades; las cantidades forman el presupuesto; la madurez del proyecto condiciona el régimen de ejecución; el régimen modifica la distribución de responsabilidades y riesgos; y todo ello debe aparecer de forma coherente en el Documento de Referencia, el pliego y el contrato.
Por ello, la fase preparatoria no debe tratarse como una colección de formularios independientes. Funciona mejor como un sistema de decisiones trazables. El Proyecto Básico en la Ley 14.133, por ejemplo, no puede analizarse aisladamente del ETP, del presupuesto de referencia, del régimen de ejecución y de la matriz de riesgos. Del mismo modo, una especificación aparentemente adecuada puede producir restricciones competitivas o ambigüedad de medición si no está alineada con el resto de la documentación.
Esta secuencia no es meramente formal. Si el proceso avanza con una premisa no validada, los documentos posteriores tienden a reproducir la inconsistencia. Es común encontrar un pliego bien redactado para un objeto técnicamente incompleto, una planilla detallada construida sobre cantidades frágiles o una matriz de riesgos sofisticada que intenta asignar riesgos nacidos de deficiencias del proyecto que deberían haberse resuelto antes de la licitación.
Qué exige el art. 18 de la Ley 14.133 de la fase preparatoria
Cuando la necesidad aún no se ha convertido suficientemente en requisitos, alternativas y criterios de decisión, existe el riesgo de especificar demasiado pronto una solución. El ETP debe estructurar esta transición antes de cerrar el objeto.
Estudio Técnico Preliminar (ETP) para Obras y Servicios de Ingeniería
El art. 18 establece que la fase preparatoria se caracteriza por la planificación y debe compatibilizar la contratación con el plan anual de contrataciones, cuando exista, y con las leyes presupuestarias. También determina que se consideren las dimensiones técnicas, de mercado y de gestión capaces de afectar la contratación.
En la práctica, esto exige responder preguntas encadenadas: qué necesidad pública debe atenderse; qué solución es técnicamente adecuada; qué alternativas se consideraron; qué alcance será contratado; qué madurez de proyecto es necesaria; cuánto cuesta; cómo se ejecutará; cómo se medirá; qué riesgos deben asignarse; qué requisitos de habilitación son proporcionales; y qué evidencias permitirán fiscalizar y aceptar el objeto.
En ingeniería, estas respuestas deben materializarse en documentos técnicamente verificables. No basta afirmar que determinada solución es “más ventajosa”; es necesario demostrar las premisas que sustentan la decisión. No basta indicar un plazo; debe verificarse su compatibilidad con la secuencia de ejecución, movilización, suministros críticos, licencias e interfaces. No basta estimar un valor global; debe mantenerse la trazabilidad entre alcance, proyectos, cantidades, composiciones y precios.
La secuencia del IPP AGU/MGI para obras y servicios de ingeniería
El Instrumento de Estandarización organiza el tema en veinte capítulos: fase de planificación; Documento de Formalización de la Demanda; designación del equipo de planificación; ETP; gestión de riesgos; declaraciones de disponibilidad y adecuación presupuestaria; designación del agente de contratación y equipo de apoyo; definiciones técnicas; Documento de Justificaciones Técnicas Relevantes; anteproyecto; Documento de Referencia; Proyecto Básico; Proyecto Ejecutivo; borrador de pliego; borrador de contrato; eventual Sistema de Registro de Precios y borrador de acta; autorización para contratar; lista de verificación de la AGU; Registro Integrado de Proyectos de Inversión; y cierre.
La lectura correcta de esta estructura es funcional. Algunos ítems son documentos autónomos; otros son actos, decisiones o controles. El valor de la secuencia está en impedir que la Administración trate la contratación únicamente a partir del pliego y olvide las decisiones técnicas que deberían antecederlo.
Formalización de la demanda
El Documento de Formalización de la Demanda registra el origen de la necesidad. Debe permitir comprender qué problema institucional existe, quién lo demanda, qué resultado se espera y por qué es necesaria la contratación.
En una obra, un DFD frágil suele generar una cadena de problemas: alcance inestable, cambios frecuentes de prioridades, soluciones concebidas antes de definir el problema y dificultad para justificar modificaciones posteriores. El documento no necesita sustituir los estudios técnicos, pero debe expresar una necesidad suficientemente clara para que el ETP no comience con una solución elegida de antemano.
Equipo de planificación de la contratación
El equipo debe reunir competencias compatibles con el objeto. En ingeniería, esto rara vez significa únicamente un funcionario responsable de la instrucción administrativa. Según la complejidad, pueden ser necesarias competencias de proyecto, presupuesto, planificación, operación, mantenimiento, seguridad, sostenibilidad, licenciamiento, tecnología, contratos y gestión de riesgos.
A Equipo de Planificación de la Contratación debe tener roles claros: quién valida requisitos, quién consolida interfaces, quién responde por el presupuesto, quién verifica documentación, quién aprueba decisiones y quién mantiene la trazabilidad de las modificaciones.
Estudio Técnico Preliminar
El ETP es el espacio en el que la Administración demuestra el problema y evalúa la solución. Debe anteceder la especificación cerrada del objeto. En ingeniería, esto significa estudiar alternativas de atención, restricciones del lugar, infraestructura existente, requisitos de desempeño, condicionantes ambientales y urbanísticos, interfaces, riesgos e impacto del ciclo de vida.
Un ETP que solo describe la solución elegida pierde su función. El documento debe demostrar por qué esa configuración es adecuada y qué premisas se llevarán a las fases posteriores.
Gestión de riesgos
Riesgo no es sinónimo de deficiencia de planificación. La gestión de riesgos en las contrataciones públicas, materializada en una matriz o registro de riesgos, debe tratar eventos inciertos relevantes; no debe utilizarse para transferir al contratista la responsabilidad por información que la Administración debería conocer.
La fase preparatoria debe distinguir el riesgo genuino de una brecha de proyecto. Las interferencias imprevisibles pueden ser un riesgo; la ausencia de un levantamiento básico, cuando sea técnicamente exigible, es una deficiencia de información. Esta distinción es central para prevenir reclamaciones, aditivos y disputas.
Disponibilidad y adecuación presupuestaria
La contratación debe dialogar con la capacidad financiera y la planificación institucional. Para obras, esto implica más que reservar una partida: el cronograma físico-financiero, los desembolsos previstos, la duración contractual, las fuentes de recursos y eventuales condicionantes de convenios o transferencias deben ser coherentes.
Una obra con un presupuesto técnicamente correcto aún puede volverse inviable si el flujo de recursos no es compatible con su ejecución.
Definiciones técnicas
Aquí la necesidad comienza a convertirse en requisitos verificables. La Especificación Técnica en Obras y Servicios de Ingeniería debe definir desempeño, interfaces, materiales, criterios de ejecución, pruebas y aceptación sin restringir indebidamente la competencia.
Los requisitos vagos producen propuestas incomparables. Los requisitos excesivamente prescriptivos pueden restringir soluciones equivalentes. El equilibrio está en definir el desempeño necesario y, cuando la prescripción sea indispensable, demostrar su justificación técnica.
Anteproyecto, Proyecto Básico y Proyecto Ejecutivo no son documentos intercambiables
La Ley 14.133 asigna funciones diferentes a estos niveles de desarrollo. La elección del régimen de ejecución afecta directamente quién produce cada documento y en qué momento.
O Anteproyecto en la Ley 14.133 es particularmente relevante para la contratación integrada, en la que la Administración no elabora previamente el Proyecto Básico. Esto aumenta la importancia de la calidad de los parámetros, condiciones de contorno y requisitos de desempeño definidos en el anteproyecto.
En los regímenes en los que el Proyecto Básico es responsabilidad de la Administración, debe alcanzar una madurez suficiente para caracterizar la obra, permitir evaluar costos, métodos y plazos y reducir incertidumbres incompatibles con la licitación. El Proyecto Ejecutivo detalla la solución para la ejecución completa y, salvo la excepción legal de la contratación integrada prevista en la propia Ley, la obra no debe avanzar sin él.
La secuencia correcta no significa producir documentos en silos. Anteproyecto, Proyecto Básico y Proyecto Ejecutivo deben mantener continuidad de requisitos, premisas y decisiones.
El Documento de Referencia continúa siendo necesario en obras y servicios de ingeniería
Cuando alcance, proyecto, cantidades, presupuesto y Documento de Referencia fueron producidos por frentes diferentes, la existencia formal de las piezas no garantiza coherencia. Una revisión técnica integrada antes del pliego permite localizar interfaces abiertas y requisitos sin criterio de aceptación.
Revisión Técnica de Documento de Referencia para Obras y Servicios de Ingeniería
Uno de los puntos enfatizados por la propia página de modelos de la AGU es que, bajo la Ley 14.133, ya no es adecuada la antigua asociación entre Documento de Referencia y pregón, dejando el Proyecto Básico para las demás modalidades. El Proyecto Básico pasó a cumplir una función específicamente de ingeniería, mientras que el Documento de Referencia reúne elementos jurídico-administrativos y de contratación.
Esto significa que el Documento de Referencia no debe duplicar el Proyecto Básico, sino conectarlo con el modelo contractual. Debe tratar el objeto, ejecución, gestión, medición, pago, criterios de selección, responsabilidades, obligaciones, recepción y otros elementos necesarios para el proceso.
A revisão do Documento de Referencia de obra pública debe verificar si las cláusulas administrativas son compatibles con las piezas técnicas. Un Documento de Referencia puede indicar que la medición será por etapas mientras la planilla y el cronograma fueron estructurados por ítems unitarios; puede exigir un desempeño no previsto en el proyecto; o imponer un plazo incompatible con la planificación de ejecución.
Documento de Justificaciones Técnicas Relevantes: la línea de decisión técnica
El TJTR ocupa una posición importante en el esquema de la AGU porque consolida justificaciones que aparecen con frecuencia en los análisis jurídicos de obras y servicios de ingeniería. No sustituye el ETP, el Proyecto Básico, el Documento de Referencia ni la matriz de riesgos. Su función es hacer explícitas las decisiones técnicas que deben estar motivadas en el expediente.
Entre los temas que pueden exigir justificación están la elección del régimen de ejecución, parcelamiento, criterios de cualificación, visita técnica, exigencias específicas, tratamiento del presupuesto, responsabilidades profesionales y otras decisiones cuya adecuación depende de las características del caso concreto.
La regla esencial es evitar justificaciones genéricas. Decir que una exigencia se adopta “para garantizar la calidad” no demuestra por qué es necesaria, proporcional y vinculada al objeto. La motivación debe conectar condición técnica, riesgo, decisión y consecuencia.
Régimen de ejecución: una decisión que reorganiza todo el proceso
La Ley 14.133 admite siete regímenes para la ejecución indirecta de obras y servicios de ingeniería. Esta elección no debe hacerse al final únicamente para completar el pliego. Afecta la madurez del proyecto, la forma de medición, la responsabilidad por el desarrollo de la solución y la asignación de riesgos.
El equipo debe justificar por qué el régimen elegido es compatible con la precisión de las cantidades, el nivel de definición del proyecto, el resultado pretendido, la forma de medición y la capacidad de la Administración para gestionar el contrato.
El presupuesto de referencia debe nacer de los documentos técnicos
El presupuesto es resultado de la definición del objeto, no una planilla independiente. La Planilla Presupuestaria de Obra Pública debe reflejar exactamente los servicios, materiales, cantidades y criterios definidos en los proyectos y memorias.
La memoria de cálculo de las cantidades es una parte esencial de esta trazabilidad. Sin ella, el precio global puede parecer técnicamente fundamentado, pero la Administración no puede demostrar el origen de las cantidades ni revisar adecuadamente modificaciones de alcance.
El control de coherencia debe responder:
- cada ítem de la planilla está previsto en las piezas técnicas;
- cada servicio necesario para la ejecución fue considerado;
- las cantidades poseen memoria de cálculo verificable;
- las composiciones reflejan métodos y productividades compatibles;
- la fecha base y las fuentes de precios están documentadas;
- BDI, cargas y demás partidas no están duplicados;
- el cronograma y el presupuesto utilizan la misma estructura de alcance.
Borrador de pliego y borrador de contrato: convertir ingeniería en obligación verificable
El pliego es la interfaz entre la planificación y la competencia. Debe transformar decisiones técnicas en reglas claras para todos los licitantes. El contrato, a su vez, debe preservar esas reglas durante la ejecución.
Un buen borrador no corrige un proyecto deficiente. Pero un buen proyecto también puede verse perjudicado por cláusulas mal estructuradas. El Pliego de Licitación para Obras y Servicios de Ingeniería debe verificarse contra los requisitos técnicos, régimen de ejecución, medición, criterios de evaluación, habilitación y matriz de riesgos.
En el contrato, merecen atención particular el objeto, el régimen, los criterios de medición y pago, los plazos, las obligaciones de las partes, la gestión de cambios, garantías, recepción, reajuste y mecanismos de tratamiento de riesgos.
Lista de verificación AGU: control de completitud, no sustituto del análisis
El checklist ayuda a identificar ausencias documentales y aspectos formales antes del envío al análisis jurídico. Sin embargo, marcar “sí” no demuestra calidad técnica.
El documento puede estar presente y aun así ser insuficiente. Puede existir un Proyecto Básico sin definir interfaces; una matriz de riesgos sin tratar eventos relevantes; un presupuesto sin memoria de cálculo; o un Documento de Referencia con criterios de medición incompatibles.
Por ello, la verificación debe combinar dos niveles:
- completitud procesal — el documento existe, está firmado, aprobado y en la versión correcta;
- consistencia técnica — el contenido es suficiente, coherente con las demás piezas y verificable.
CIPI y Obrasgov al cierre de la instrucción
El IPP incluye el Registro Integrado de Proyectos de Inversión entre los elementos finales de su esquema. Actualmente, la gobernanza de esta información se relaciona con Obrasgov.br y CIPI, que organizan datos de las inversiones en infraestructura.
O cadastro não substitui a documentação de engenharia. Ele depende dela. O artigo sobre Obrasgov y CIPI en Obras Públicas muestra cómo conectar la identificación del proyecto, valores, cronología y situación de ejecución con la fuente documental que sustenta cada información.
Cómo realizar la revisión integrada antes de publicar el pliego
Una revisión eficaz no debe realizarse documento por documento sin cruces. El mejor método es revisar interfaces.
Alcance vs. proyecto
Verificar si todo lo que promete el objeto aparece en el conjunto de proyectos, memorias y especificaciones.
Proyecto vs. cantidades
Confirmar si las cantidades derivan de planos, modelos, levantamientos y criterios mensurables.
Cantidades vs. presupuesto
Verificar composiciones, unidades, precios, cargas, BDI y fecha base.
Presupuesto vs. cronograma
Confirmar que el desembolso deriva de la secuencia de ejecución y que no existe concentración incompatible con el avance físico.
Proyecto vs. régimen de ejecución
Evaluar si la madurez del proyecto es compatible con la distribución de responsabilidades elegida.
Régimen vs. medición
Comprobar si el sistema de pago respeta la lógica del régimen y las disposiciones del art. 46.
Riesgos vs. contrato
Verificar si los riesgos identificados tienen propietario, tratamiento y consecuencia contractual compatibles.
Cualificación vs. objeto
Confirmar que las exigencias de experiencia y responsabilidad técnica se limitan a lo necesario y están justificadas.
Quién responde por cada parte de la fase preparatoria
La responsabilidad no debe confundirse con una autoría única. La fase preparatoria es multidisciplinar. El área requirente responde por la necesidad; el equipo de planificación articula los documentos; profesionales habilitados responden por las piezas técnicas dentro de sus atribuciones; el presupuesto debe tener responsable y memoria; las autoridades aprueban decisiones conforme a la gobernanza; los agentes de contratación conducen la selección; y la asesoría jurídica ejerce control de legalidad sin sustituir la decisión técnica.
A discussão sobre ART, RRT y TRT en Obras Públicas es útil aquí: firma administrativa, aprobación gerencial y responsabilidad técnica profesional son capas diferentes de control.
Señales de que el proceso aún no está listo para licitar
La fase preparatoria debe detenerse y corregirse cuando existan señales objetivas de inmadurez, como:
- divergencias entre proyecto, memoria y planilla;
- cantidades sin memoria de cálculo;
- requisitos de desempeño sin criterio de aceptación;
- presupuesto actualizado sin revisión de la fecha base de las piezas relacionadas;
- régimen de ejecución elegido sin justificación;
- matriz de riesgos utilizada para transferir fallas de levantamiento;
- cronograma sin vínculo con productividad e interfaces;
- licencias o manifestaciones previas necesarias aún indefinidas;
- responsabilidades técnicas no identificadas;
- Documento de Referencia y contrato con reglas de medición diferentes;
- exigencias de habilitación sin relación demostrada con partidas relevantes;
- versiones contradictorias del mismo documento circulando en el proceso.
Publicar el pliego en estas condiciones solo transfiere el descubrimiento del problema a un momento en que ya existen licitantes, propuestas, obligaciones y expectativas contractuales.
Cómo contratar apoyo técnico para la fase preparatoria
Cuando la Administración no dispone de un equipo multidisciplinar suficiente, puede recurrir a apoyo técnico especializado preservando las competencias decisorias de los agentes públicos. El apoyo debe contratarse mediante un alcance verificable y no como sustitución genérica de la función administrativa.
Un alcance adecuado puede incluir diagnóstico de la documentación existente, consolidación de requisitos e interfaces, revisión del ETP y de las premisas técnicas, desarrollo o revisión de proyectos, memoria de cálculo y cantidades, estructuración del presupuesto de referencia, análisis de riesgos, revisión del Documento de Referencia, pliego y anexos, matriz de consistencia entre documentos y soporte para aclaraciones técnicas.
Los entregables deben indicar metodología, documentos analizados, criterios, hallazgos, recomendaciones, responsables y evidencias de cierre. La medición puede vincularse a productos aprobados, evitando remunerar únicamente esfuerzo sin resultado verificable.
Criterio de aceptación de la propia fase preparatoria
Una forma práctica de saber si la instrucción está madura es verificar si un tercero técnicamente competente puede reconstruir el razonamiento del proceso sin depender del conocimiento informal del equipo.
Ese tercero debe poder comprender:
- cuál era la necesidad;
- qué alternativas fueron evaluadas;
- por qué se eligió la solución;
- cuál es el objeto y su frontera;
- qué requisitos deben cumplirse;
- qué documentación define la solución;
- cómo se obtuvieron las cantidades;
- cómo se formó el precio;
- qué riesgos fueron identificados y asignados;
- por qué se eligió el régimen de ejecución;
- cómo se medirá y pagará la obra;
- qué documentos y pruebas demuestran la aceptación;
- quién responde por cada decisión técnica.
Si estas respuestas dependen de reuniones informales o de conocimiento no registrado, el proceso aún no es plenamente auditable. La Guía de Gestión de Obras Públicas amplía esta lógica a todo el ciclo de inversión, mientras que el Whitepaper 7 Gates de Madurez para Inversiones Públicas en Ingeniería organiza los criterios de decisión, evidencias y bloqueos que deben superarse antes de avanzar entre etapas.
Consideraciones finales
La fase preparatoria de la licitación es el punto en el que la Administración tiene mayor capacidad para reducir riesgos con menor costo. Después de publicar el pliego, las modificaciones relevantes exigen retrabajo, pueden afectar la igualdad de condiciones y pueden requerir republicación. Después de la contratación, la misma deficiencia puede convertirse en modificación de alcance, atraso, reclamación, paralización de obra pública o conflicto de responsabilidad.
El modelo AGU/MGI es valioso porque presenta la contratación como una secuencia integrada. Formalización de la demanda, equipo, ETP, riesgos, definiciones técnicas, justificaciones, proyectos, Documento de Referencia, presupuesto, pliego, contrato, checklist y registro no deben ser únicamente piezas presentes en el expediente. Deben formar una narrativa técnica coherente, en la que cada decisión esté sustentada por evidencias y cada obligación contractual tenga un origen identificable.
Para obras públicas, la pregunta de cierre no debe ser únicamente “¿están adjuntos todos los documentos?”. La pregunta más útil es: ¿la documentación permite licitar, contratar, fiscalizar, medir y recibir el objeto sin depender de premisas ocultas o interpretaciones contradictorias? Cuando la respuesta es positiva, la fase preparatoria cumplió su función de transformar la planificación en una contratación ejecutable y controlable.
Si el expediente contiene todos los documentos, pero aún no permite demostrar por qué se eligieron el régimen, la medición, la cualificación y las responsabilidades, la instrucción está documentalmente completa y técnicamente vulnerable. La revisión del pliego y de los anexos debe probar estas decisiones como un conjunto.
Cuando la necesidad es conectar esta fase preparatoria con las etapas anteriores y posteriores del proyecto, la solución Ingeniería para Inversiones Públicas integra madurez, ETP, proyecto, presupuesto, riesgos, contratación, fiscalización y aceptación en una misma trayectoria de ingeniería.
Revisión Técnica de Pliego y Anexos para Licitaciones de Ingeniería
Referencias técnicas
[1] BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Ley de Licitaciones y Contratos Administrativos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
[2] BRASIL. Advocacia-Geral da União; Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Instrumento de Estandarización de los Procedimientos de Contratación de Obras y Servicios de Ingeniería. Brasília, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/procedimentos-de-contratacao-de-obras-e-servicos-de-engenharia
[3] BRASIL. Advocacia-Geral da União. Modelos de la Ley n.º 14.133/2021 para pregón y competencia. Disponível em: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/pregao-e-concorrencia
Preguntas frecuentes
Es la etapa de planificación en la que la Administración transforma una necesidad en un objeto contratable, definiendo solución, requisitos, proyectos, presupuesto, riesgos, régimen de ejecución, condiciones de medición, borradores y demás elementos necesarios antes de publicar el pliego.
No exactamente. El índice del Instrumento de Estandarización de Obras y Servicios de Ingeniería contiene veinte capítulos o ítems, pero no todos corresponden a documentos autónomos. Hay actos, decisiones, controles y etapas, además de documentos técnicos y administrativos.
No. Bajo la Ley 14.133, el Proyecto Básico cumple una función técnica de ingeniería, mientras que el Documento de Referencia organiza elementos jurídico-administrativos y del modelo de contratación. Los documentos deben ser coherentes y complementarios.
Cuando existen inconsistencias relevantes entre alcance, proyectos, cantidades, presupuesto, cronograma, riesgos, régimen de ejecución, criterios de medición, responsabilidades o exigencias de habilitación.
Las piezas técnicas deben ser elaboradas o asumidas por profesionales con atribuciones compatibles y responsabilidad técnica cuando corresponda. La aprobación administrativa y la responsabilidad profesional son controles distintos.
Sí. El apoyo puede abarcar diagnósticos, estudios, proyectos, presupuesto, revisión de documentos, riesgos y soporte técnico, siempre que las competencias decisorias que pertenecen a la Administración permanezcan con los agentes públicos responsables.
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